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Conocimiento experto y deliberación pública

Updated: Jul 19





Autores: José Luis Moreno Pestaña, Manolo Pinedo y Neftalí Villanueva


En una emergencia sanitaria y social como la presente, el conocimiento proporcionado por epidemiólogos, intensivistas o economistas es tan necesario que la tentación de considerar que las decisiones deberían tomarlas ellos, los expertos, es más comprensible que nunca. Sin embargo, la epistemología, la filosofía social y la filosofía del lenguaje contemporáneas, debidamente informadas por la psicología y la sociología, pueden proporcionar razones contundentes para mostrar con claridad que, aunque actuar al margen de lo que digan los expertos es suicida, ni en este ni en ningún otro contexto que involucre tomas de decisión de carácter político, la última palabra puede recaer en ellos. La deliberación institucional y el debate público acerca de las decisiones adoptadas en estos momentos tan delicados han de abordarse sin perder de vista algunos de los escollos que sabemos que contribuyen de manera negativa a la calidad democrática.  

 

En primer lugar, en el debate sobre si los gobiernos atienden o no a la evidencia científica cada una de las posturas reclama para sí el acuerdo de los expertos: la frecuencia con la que se distingue entre los propios expertos y los ideologizados seudoexpertos del enemigo es ya un fuerte aviso contra la “epistemocracia” que reclama el gobierno de los expertos y somete la democracia a ellos. Las decisiones sobre qué asesoramiento se ha de seguir son de carácter normativo y político, no de carácter científico. La epistemocracia presume que podemos seleccionar correctamente los expertos necesarios para cada situación y cuando las situaciones son complejas apela a un ilusorio saber absoluto, síntesis virtuosa de todo el conocimiento experto. 

 

En segundo lugar, la obsesión con lo factual no parece ni una buena estrategia analítica ni la mejor forma de intervenir en contextos de polarización de la opinión pública, como el actual. En situaciones en las que la opinión pública está polarizada, la misma evidencia puede hacer que dos partes enfrentadas sientan aún más animadversión entre sí. La información no nos hace (necesariamente) libres. Nos hemos acostumbrado a que en la discusión dominen acusaciones mutuas de insinceridad o ignorancia, pero la propia insistencia en la categoría de “hecho” es cuestionable. Delimitar qué es un hecho exige discernir si este nace de un registro honesto y realizado por una persona competente que no se ha confundido. También requiere que haya concordancia con todos los hechos registrados - que a veces pueden chirriar entre sí. Y, por supuesto, los marcos teóricos pueden llevar a litigios en lo que se considera asentado como hecho. Así lo veía Otto Neurath en el meollo del positivismo lógico, aunque algunos hacen retroceder el reloj epistémico a etapas arcaicas y hablan de los hechos con la simplicidad de la versión más tosca de la teoría leninista del reflejo.

 

En tercer lugar, a nuestra ceguera a la hora de reconocer como expertos a quienes presentan ideas que chocan con nuestras preferencias o valores y a la extrema complejidad de interpretar la relevancia práctica de los hechos tenemos que sumarle la tendencia a confundir hechos con opiniones y a encontrarnos con lo que hemos llamado “desacuerdos cruzados”. Estos son desacuerdos públicos en los que las partes dan muestras suficientes de concebir de forma diferente la naturaleza misma del desacuerdo en el que están involucradas. Por ejemplo, lo que una parte entiende que es un desacuerdo sobre lo que es el caso, para la otra es un desacuerdo sobre derechos; o lo que para una es un desacuerdo acerca de cómo debe aplicarse una determinada norma, para la otra es una diferencia acerca de lo que en justicia debe hacerse.


En un estudio llevado a cabo recientemente, hemos observado que la presencia de desacuerdos cruzados en las discusiones parlamentarias acerca de la distribución territorial en España guardaba una correlación con la polarización de la opinión pública al respecto entre 2008 y 2012. Durante estos años, según el CIS, las opciones asociadas con la abolición de las autonomías o con el derecho de autodeterminación pasaron de ser prácticamente marginales a ser mayoritarias. La población se agrupó en torno a estos dos polos, abandonando las opciones moderadas que habían suscitado mayores acuerdos desde la transición. Por supuesto, la mayor presencia de desacuerdos cruzados en el Parlamento no fue la causa del aumento de la polarización. Tenemos razones para pensar, sin embargo, que es un indicador fiable de este aumento. Desde el 14 de marzo de 2020, ha habido 458 intervenciones en el Parlamento acerca de distintos aspectos relacionados con la pandemia. De las 65 discusiones mantenidas, 49 han sido turnos de pregunta-respuesta-réplica-contrarréplica, en las que es difícil que se establezca ningún tipo de desacuerdo. Pese a esto, la proporción de desacuerdos cruzados, medida en este periodo, está cercana al nivel de 2010, el punto álgido del aumento de la polarización con respecto a Cataluña. 


Por detrás de estas distintas manifestaciones de la insuficiencia de la apelación a los expertos y a los hechos hay una razón en común: no hay un camino directo desde los hechos hasta las decisiones que involucran elementos valorativos y, además, la selección misma de los hechos relevantes para la toma de tales decisiones está fuertemente influida por nuestras preferencias y por nuestra identidad política. ¿Cuál es entonces la relevancia de los hechos a la hora de planear cómo debemos actuar? Alguna, sin duda, tienen: que un director de orquesta o un filósofo fueran miembros del partido nazi o acosadores sexuales justifica para muchos de manera sobrada no escucharlos o leerlos.


Cada vez existe más evidencia psicológica de que la mera exposición a los argumentos y a la evidencia que contradicen lo que pensamos, más que llevarnos a cambiar nuestro punto de vista, con frecuencia nos empuja a dar todavía más credibilidad a nuestras ideas. Sin condiciones de información plurales y de deliberación muy intensas, como las que pueden observarse en cámaras ciudadanas de debate, parece difícil que la información, incluso la mejor, cambie nuestros presupuestos. Y, contra lo que podríamos pensar de antemano, dichas cuestiones no se limitan a ámbitos netamente valorativos, como la defensa de nuestros gustos, opiniones o valores, piense el resto lo que piense. Nos agarramos a nuestras actitudes ante el cambio climático, las vacunas o la energía nuclear tanto como a nuestra pasión por Dostoievski, Serena Williams o el curry tailandés.


Asumiendo que hay hechos que tienen una relevancia normativa y, por tanto, que han de ser tenidos en cuenta en nuestra deliberación política, ¿cómo debemos interpretar dicha relevancia y qué papel hemos de otorgar a los expertos que pueden iluminarnos con respecto a los mismos? Ni la relevancia es inmediata ni el papel es absoluto. Pensemos en algunos ejemplos bastante sencillos: que Messi haya marcado casi 700 goles en partidos oficiales, que las plantas realicen complejos intercambios de información entre ellas, que los toros de lidia tengan estructuras receptoras del dolor similares a las nuestras o que haga cinco grados bajo cero en la calle son cuestiones que pueden tener un fuerte impacto en nuestras valoraciones o en nuestras decisiones morales o prácticas y, sin embargo, ninguno de esos hechos es suficiente para determinarlas: la comunicación y el dolor nos pueden parecer moralmente irrelevantes, podemos preferir lucir nuestra camiseta nueva a evitar el frío o que nos resulte indiferente el número de goles para juzgar la excelencia de un futbolista. O podemos tomar una actitud intermedia, darles un peso a estos hechos, pero considerarlos en relación con otros y con varios ejes valorativos. En cualquier caso, la decisión con respecto a qué importancia concederles no es una decisión factual, sino que es valorativa. Y esto ya debería ser suficiente advertencia contra cualquier intento de sustituir la democracia por la epistemocracia.





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